La Monarquía de Juan Carlos I es heredera del franquismo, a través de la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 1947, que fue ratificada por las Cortes franquistas el 22 de Julio de 1969, ante las que el entonces príncipe prestaría juramento de guardar y hacer guardar las Leyes Fundamentales del Reino y los principios del Movimiento Nacional, es decir, el ideario franquista.
En ningún momento posterior a la muerte del dictador Francisco Franco la monarquía española se sometió a un pronunciamiento sobre ésta por parte de l@s español@s. La ausencia de un referéndum Monarquía-República hace ilegítima de origen dicha institución.
A la transición de la dictadura a una democracia monárquica vigilada y menor de edad, sin ruptura alguna con los poderes fácticos del régimen anterior (ejército, iglesia, fuerzas policiales, poderes económicos del franquismo,…), contribuyó la alianza sellada entre los sectores aperturistas del franquismo y los partidos mayoritarios de la izquierda, PSOE y PCE. Estos últimos hicieron tabla rasa y amnesia respecto a sus ya hipermoderadas propuestas realizadas en los últimos años del franquismo para la instauración de un régimen democrático en España, aceptando la monarquía, su bandera restaurada por un levantamiento militar contra el legítimo gobierno de la II República, la no depuración de las fuerzas armadas y la policía del momento, integramente franquista, el rechazo a un juicio al franquismo y a sus crímenes durante la dictadura, el pacto con las fuerzas económicas de la oligarquía que financió el levantamiento militar de 1936,… Podemos decir respecto a la situación política actual que de aquellos barros vienen estos lodos.
Hoy, uno de esos partidos, el PSOE, es un zombi y el otro, el PCE, nunca volvió a recuperarse de su debacle de 1982, tras años de renuncias a su propia identidad y a sus tradiciones de lucha durante la dictadura. Es apenas las sombra de unas siglas prácticamente muertas.
Sobre las consecuencias sociales de la crisis –6 millones de parados, recortes en todos los derechos sociales y servicios públicos, destrucción de tejido productivo de cientos de miles de empresas- se yergue la más aguda crisis de legitimidad vivida por el sistema político surgido en la transición política española.
Juan Carlos de Borbón y la Familia Real están situados en el ojo del huracán de una enredada y extensa corrupción que puede llevarse por delante a la Monarquía española. La información que se va conociendo apunta con claridad al hecho de que la financiación ilegal realizada por Iñaki Urdangarín, su mujer, la Infanta Cristina y el socio del primero, Diego Torres sólo eran comisionistas en un negocio fraudulento cuyo primer beneficiario sería el propio Rey.
El Partido Popular, cuestionado por los trabajadores y por amplísimos sectores de la sociedad por sus políticas de austeridad para los sectores más débiles, sus salvajes recortes sociales y la madre de todas las corrupciones de la trama Gürtel, consistente en el premio en metálico a sus dirigentes por conceder contratos de las administraciones dirigidas por el PP a empresas privadas y por sus políticas privatizadoras de los servicios públicos a otras empresas (sanidad, educación, dependencia,...), empieza a comportarse como un boxeador noqueado. La cruz de navajas interna en este partido se refleja ya hasta en los medios de comunicación más cercanos al mismo.
El PSOE, que negó la existencia de la crisis hasta que le estalló con toda su fuerza en la cara, y que inició los recortes y las reformas antisociales, es hoy un partido roto, sin ideas ni proyecto político, muerto por el impacto de la crisis capitalista contra su programa social-liberal. Si se aplicara a este partido un osciloscopio médico veríamos una línea completamente plana, la línea de la muerte política.
El derecho de autodeterminación de los pueblos fue en el proceso de la reforma política otro de los elementos negados que ahora se hace presente con toda su fuerza en Cataluña y en Euskadi. Como realidades que se empeñan en hacerse presentes en la historia no puede ser rechazada durante mucho más tiempo su voluntad. Desde la izquierda política cabe señalar la necesidad de dar respuesta a la exigencia del derecho a decidir y de los pueblos a ser.
El triángulo sistema económico capitalista, cúspide simbólico-política del sistema (Monarquía) y base principal de representación del mismo (PP y PSOE) hacen agua por los tres lados.
Estamos ante la tormenta perfecta para una revolución social que realmente desee transformar la realidad y no limitarse a maquillarla. Es cierto que el factor subjetivo de la conciencia y de la organización política de dicha conciencia fallan estrepitosamente, siendo estos problemas no menores. Dichas deficiencias en la conciencia y organización de la clase trabajadora son responsabilidad de las izquierdas, que hace demasiado tiempo abandonaron la lucha ideológica para sustituirla por una línea política que sólo ha servido para desclasar a l@s trabajador@s.
En ese contexto se entiende el porqué y el alcance de las propuestas de “proceso constituyente”, de crear una Syriza a la española, en sus versiones 1 (IU) y 2 (sectores desgajados del PSOE), de los 25-S, de las Mareas Ciudadanas que conmemoraron el 23-F, de los discursos de reformismo meramente institucional respecto a la “democracia participativa” y del ciudadanismo interclasista de todo este territorio político al que ha incorporado recientemente el reformismo sindical de CCOO y UGT a sus mensajes, como colofón de su ya larga experiencia de abandono de las posiciones de clase en defensa de l@s trabajador@s.
No debe sorprender, dentro de este nuevo marco cambiante, la respetabilidad y el eco que están encontrando entre los “mass media” del sistema capitalista opciones como IU y EQUO –siguiendo la estela de lo sucedido con la socialdemocrática Syriza griega- y UPyD , como potenciales recambios por la izquierda y por la derecha en un escenario de agotamiento de los partidos tradicionales de dicho sistema.
Por si hubiera dudas acerca del “proceso constituyente” y de ruptura con el capitalismo, la estrella política ascendente de IU, Alberto Garzón las aclara cuando afirma que dicho “proceso constituyente” implica “una regeneración democrática, un nuevo modelo de país, un nuevo modelo de Estado y tener una democracia más participativa”. Del sistema económico alternativo, al que se niega a dar nombre y apellidos, nada tiene que decir. Separa su crítica al capitalismo de dicho “proceso”, situándolo en otro “negociado” distinto.
Esta trampa de desligar “proceso constituyente” de clarificación ideológica respecto a un proyecto de sistema económico concreto evidencia los límites de la propuesta que nos ofrece el nuevo reformismo de IU. Éste está flanqueado por un republicanismo oportunista, para el que lo que no sea sólo República es secundario o no está en su agenda, así como por la gran mayoría de las organizaciones pseudoradicales a su izquierda pero con similar aceptación del futuro marco previsto, ideado por el conjunto mencionado y por el ciudadanismo interclasista y todoterreno en lo político que repudian a las posiciones de clase y que pretenden dejar a la clase trabajadora a la espera de otra nueva y eternamente pospuesta ocasión para ver reflejados sus intereses y aspiraciones.
Ya vivimos una transición en la que sus actores políticos pactaron con las fuerzas económicas del capital su contenido, que traicionó tanto a la clase trabajadora, como a una auténtica ruptura política y a la posibilidad de un sistema económico asentado sobre un modelo distinto al del capital, el cuál fue el promotor y baluarte del régimen político instaurado a partir de la sublevación del 18 de Julio de 1836.
Iniciativa de Clase no va a avalar una reforma, vestida de falsa ruptura constituyente, en la que el gatopardiano cambio consista en la sustitución de un Rey por un Presidente de República y de un régimen de partidos por otro nuevo. Queremos una República, por supuesto, pero la nuestra es la de trabajadores.
Queremos un nuevo régimen de partidos pero no uno que nos vuelva a reeditar el timo del tocomocho del maquillaje institucional que no plantea la cuestión, para nosotros central, el de la propiedad de los medios de producción y distribución. La actual crisis capitalista ha hecho del debate propiedad privada-propiedad social de los medios de producción el asunto central, por más que las falsas izquierdas sistémicas pretendan echarlo a escobazos del escenario. Es crucial para ella, y para el nuevo pacto social con el capital que se está fraguando como consecuencia de la descomposición del sistema político y económico actuales, silenciar esta cuestión.
No somos maximalistas ni insensibles. No ignoramos que es un avance político el paso a una república, aun siendo burguesa, ni desconocemos las esperanzas de cambio de millones de trabajadores en este nuevo reformismo. Comprendemos su necesidad casi vital de agarrarse a una esperanza. Pero la Historia nos ha dado suficientes ocasiones de comprobar que cuando, en un momento de crisis y descomposición general del sistema (político, económico, social,...), la supuesta “revolución” frente al mismo deja la cuestión de la propiedad de los medios de producción al margen y de la definición clara y sin ambages del sistema económico que se propone, estamos ante una nueva traición a los trabajadores mancomunada por los reformistas y el capital. Y combatiremos frontalmente esa traición.
En consecuencia, los puntos programáticos, a través de los que Iniciativa de Clase desea dar a conocer de modo claro y sin ambigüedades calculadas su posición, son los siguientes:
1.- Dimisión del Gobierno Rajoy y convocatoria de elecciones generales ya.
2.-Candidatura de un frente unido de las izquierdas, apoyado desde fuera por el conjunto del movimiento sindical, con el objetivo de abrir paso a una dinámica de ruptura tanto con la Monarquía y su Constitución como con el sistema capitalista.
3.-Programa político de ese frente unido de las izquierdas en el que se plasme de un modo inequívoco su intención abrir paso a una República democrática de trabajadores y a un sistema económico socialista basado en el control de la producción por l@s trabajador@s en las empresas. La primera decisión de un gobierno de dicho frente debiera ser la incautación de todas las grandes empresas responsables de la crisis capitalista y en las que se han producido despidos colectivos y EREs sin justificación a pesar de tener beneficios. Junto a ello es imprescindible platear en el campo español una revolución agraria con expropiación de los grandes latifundios sin indemnización y control de los mismos por parte de l@s trabajador@s del campo.
